LICENCIA PARA MATAR

                            

“Era entonces, el señor José María Valencia, un humilde y modesto ciudadano colombiano…sin vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley” (Proceso Ordinario 2008-00224-Juzgado penal del circuito de Marinilla). 

“M”, se molesta y le exige que le entregue su licencia para matar y su arma”. Esta frase hace parte del resumen de la película “Licencia para matar”, proyectada en 1989, dentro de la saga de películas de la serie James Bond Agente 007.

Dicha frase se da dentro del diálogo que sostienen dos funcionarios de agencias oficiales del gobierno de EEUU (“M” y James Bond) y da cuenta de que el protagonista, de la película, James Bond, posee una “licencia para matar”.

Es esta frase,  precisamente el punto de partida para el escrito que se propone sobre el tema de “los falsos positivos en Colombia”, dado que como se demostrará, más adelante podrá concluirse que si bien,  la frase que se cita, se desprende de una película  cuyo contexto es “la ficción”, encontraremos que en Colombia, la ficción se convirtió en una cruenta, cruel y macabra realidad. 

Como se dijo, la frase surge dentro de un contexto de una situación de ficción en la que un funcionario gubernamental, posee de manera oficial, una licencia otorgada para “matar”. Y es allí, solamente en el mundo de la ficción en donde podría concebirse tal despropósito, más aun habría que agregar, que se trata  en mundo de ficción que se da en dentro de una forma de concebir la realidad social,  bajo la óptica maquiaveliana de que  “el fin justifica los medios”.

Pero dejemos a un lado el escenario de la ficción y entremos al mundo de la realidad colombiana para abordar la expresión “Falso Positivo”, expresión que se origina precisamente en este escenario de conflicto armado,  que tiene como fuente nutricia la inequitativa distribución de la riqueza y la tierra. 

El término surge asociado a la lucha contrainsurgente que ha desarrollado el Estado colombiano, por medio de sus fuerzas armadas,  dentro la cual le ha dado la calificación de “positivo”,  aquellas acciones en cuales se ha se de baja un miembro de la guerrilla.

El problema surge cuando desde la comunidad y las organizaciones de derechos humanos se empiezan a denunciar que algunos casos de los reportados como positivos, no correspondían en realidad, a guerrilleros, sino a miembros de la población civil, configurándose  así el tema de los “falsos positivos”. 

Si bien, las denuncias sobre vinculaciones de las fuerzas armadas a hechos vinculados con violación de los derechos humanos, han sido recurrentes a lo largo del conflicto, el número de casos reportados ha tenido un comportamiento incremental  como se desprende del informe del CINEP, publicado en abril de 2009:

"Al consolidar la información de 2008, en total se registran 98 casos y 175 víctimas. Esta cifra es menor a la que se registrada en el año 2007, con un total de 149 casos y 324 víctimas, lo que indicaría una tendencia decreciente en el 2008 expresada en 54 casos menos y un 45.09% menos víctimas. Sin embargo, la situación registrada hasta ahora para el 2008 sigue siendo una situación preocupante ya que la cifra de casos es superior a la registrada en el 2006 cuando hubo 68 casos y 96 víctimas, es decir un 45.2% más víctimas en el 2008". 

     

Si se suman los tres años referidos en el informe, encontramos que en los últimos tres años, se han reportado un total de 208 casos de “falsos positivos” a los cuales se encuentran asociadas 595 víctimas. Esta cifra, por lo demás  escalofriante da una idea de la magnitud de la tragedia y permite dilucidar que no se está en presencia de casos aislados sino frente a toda un política de ejecuciones que ha tenido como objetivo la población civil.

Corresponde entonces, preguntarse por la motivación que han tenido los miembros del ejército colombiano, para proceder de la forma como lo están haciendo. Se encuentran   argumentos tan pueriles, como los esgrimidos por los soldados que participaron en el asesinato de un humilde campesino de El  Peñol, quienes manifestaron que lo hicieron con el fin de hacerse acreedores a una licencia para el día de la madre. (Del proceso en mención es la frase que inicia este escrito).

Pero, también se encuentra un documento revelador, que permite inferir que se esta en presencia de una posición oficial frente al tema. Se trata de la directiva ministerial 029 de 2005, mediante la cual se conceden una serie estímulos monetarios para los soldados que reporten bajas en combate.

Este dato, así como las investigaciones que adelanta la fiscalía   confirman sin duda alguna que en caso de “los falsos positivos”, se encuentra ante todo una accionar por parte de las fuerzas armadas de Colombia, las cuales al parecer hicieron de la directiva ministerial 029 de 2005, una “licencia para matar”.

De este modo, lo que inicialmente solo fuera concebible desde ficción, en la película ya reseñada, se convirtió para los colombianos en una horrenda realidad.